13 Jun 2018
América Latina ha vivido una serie de cambios políticos, sociales y económicos. La década de los 90 –inspirada en el Consenso de Washington– permitió, por ejemplo, la implementación de políticas que redefinieron el lugar del Estado frente a procesos económicos y sociales mediante acciones tendientes a promover la cohesión social garantizando la libertad individual y de mercado (López, 2006).
Estos esfuerzos se han prolongado a lo largo de casi treinta años. Pese ello, existe un proceso de fragmentación social en la región caracterizado por la dificultad que enfrentan las familias para obtener recursos que les permitan construir su estabilidad y bienestar. Así, aquellas que tienen capital –social, humano, económico y cultural– logran posicionarse con éxito en sociedad por contar con recursos que les permiten acceder a oportunidades que los potencializan. En contraste, las que no cuentan con él, terminan en la pobreza y exclusión y no pueden ejercer –en consecuencia– derechos y garantías fundamentales (López, 2006).
La fragmentación social produce brechas: económica, cultural y digital, entre otras, que se mantienen por largos periodos en las personas y sus familias, se convierten en transgeneracionales. La primera consiste en la incapacidad que tienen las familias para disponer de un conjunto de recursos que les permitan acceder a productos de la canasta básica. La segunda, en el desanclaje que existe entre una propuesta educativa y los estudiantes a que está dirigida en razón de su contexto social. La tercera, es parte central de esta reflexión.
Hoy en día existe una acelerada generación y transferencia de conocimientos: a YouTube se agregan 98 mil 467 videos por segundo –8 mil 507 millones 548 mil 800 por día–; hay 44 mil 445 búsquedas en Google por segundo –3 mil 840 millones 48 mil por día– y se realizan 8 mil 863 tuiteos por segundo –765 millones 763 mil 200 por día–.[1]
El acceso a Internet de banda ancha y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por tanto, es esencial para el desarrollo de las naciones y para generar condiciones favorables de educación, salud y gobernanza, que transformen aceleradamente la economía y la sociedad. Sin embargo, existen distancias importantes entre áreas individuales, residenciales, de negocios y geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos, en relación con sus oportunidades para acceder a estos servicios (OCDE, 2001).
Estas distancias, desde nuestra perspectiva, son propiciadas por la fragmentación existente en la cohesión social digital muy marcada en la región latinoamericana. Entendemos por cohesión social digital la articulación entre dos instituciones que convergen en la realidad: la sociedad y la sociedad digital. Sin embargo, esta relación y convergencia está en riesgo pues hay un creciente distanciamiento entre ambas partes. Por un lado, la carencia de capital de las familias impide que accedan a estos servicios: de los 7 mil 200 millones de personas que habitamos el planeta Tierra, solo 4 de cada 10 tienen acceso a Internet.[2] En naciones desarrolladas el porcentaje es superior a 80 por ciento y su masificación depende de preferencias individuales, intereses o limitantes generacionales.[3] En contraste, en América Latina y el Caribe, el nivel de ingreso y grado educativo determina la disponibilidad de la red, lo que dificulta la inclusión de los segmentos más pobres de la población. Y por el otro, el exponencial desarrollo de las TIC está generado una segunda brecha –la digital literacy– en quienes sí acceden a ellos.
A nivel internacional existen índices que reflejan el avance del sector y su apropiación por parte de la población. Los más utilizados son el Índice de Desarrollo de TIC (IDTC) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Networked Readiness Index (NRI) del World Economic Forum (WEF). El primero evalúa a países en función de su infraestructura y grado de aceptación de las TIC;[4] el segundo, estima el grado de desarrollo de éstas en naciones seleccionadas.[5] En ambos índices México refleja cierto nivel de rezago en comparación con economías avanzadas: ocupa la posición 95 a nivel mundial[6] en el último IDTC publicado y la 69 en el NRI.[7]
Además –comparado con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– se ubica en los últimos lugares del índice de penetración de la banda ancha fija e inalámbrica: 11.1 por ciento y 9.8 por ciento respectivamente; tiene la posición número 20 en América Latina y el Caribe en suscripciones a banda ancha por cada 100 habitantes y el costo del servicio superior tanto del promedio como de la mayoría de los países que integran la organización (USD 36.90).
Miles de familias viven un presente en el que se sienten vulnerables e inseguras en nuestro país: alrededor de un tercio de la población se encuentra en localidades sin acceso a alguna red de fibra óptica, lo que dificulta el acceso a servicios de alta velocidad.[8] En zonas poco favorecidas, la ruptura es más evidente: 10 por ciento de hogares que se encuentran ubicados en el primer quintil de ingresos tienen acceso a Internet, en contraste con el 50 por ciento del quintil más alto.[9] Alrededor de 4 de cada 10 hogares cuenta con computadora y solo 3 de cada 10 con acceso a Internet. De los que cuentan con computadora, el 16 por ciento no tiene acceso a Internet y de éstos dos de cada tres carece de él por falta de recursos económicos (INEGI, 2015).
Siguiendo a Lechner (1977), coincidimos en que el Estado debe ser verdadero (racional) y asumir la tarea que determina la voluntad colectiva que consiste en generar las condiciones necesarias para que la cohesión social digital se dé en un contexto de equidad e igualdad. El primer concepto es relativamente nuevo en el campo de las políticas públicas dado su recién incorporación en la agenda estatal prioritaria –también en la década de los 90– para sumarse al segundo que cuenta con gran peso social.
De acuerdo con Clarisa Hardy (Hardy, 2015), la cohesión social en general se logrará cuando el Estado garantice para todas las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, el acceso y ejercicio pleno de los derechos universales como son la educación, la salud y la banda ancha; que esto no dependa de la capacidad económica de las personas ni que se encuentre limitado por cuestiones relativas al género, origen étnico, edad o lugar de residencia.
En este sentido la autora abunda indicando que a lo largo de muchos años, desde el Consenso de Washington, las políticas públicas asistencialistas han colocado el foco en el combate de la pobreza; sin embargo, los resultados alcanzados si bien demuestran la reducción en algunos países y en otros su incremento, también indican que en aquellos en que se ha reducido el número de pobres, la desigualdad no ha observado un tendencia similar y, por el contrario, ésta se ha ahondado impidiendo que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos universales consagrados como mandatos constitucionales.
En un sentido similar Gerardo Esquivel (Esquivel, 2015) indica que garantizar el ejercicio de los derechos universales es un desafío mayúsculo para todos los gobiernos incluido el de México. Las políticas asistencialistas no han conseguido disminuir la pobreza ni las desigualdades sociales, además, han provocado que un importante bloque de mexicanos y mexicanas, considerados no pobres o clase media, se encuentren insertos en una franja de vulnerabilidad que los coloca en riesgo de descender a los estratos de pobreza o pobreza extrema en caso de enfrentar desempleo o verse afectados por las crisis económicas, lo que los obligaría a abandonar su trayectoria académica o dejar de acceder a servicios de salud públicos.
La igualdad sirve de horizonte al orden social. Hay igualdad de derechos, obligaciones, acceso a bienes fundamentales para el desarrollo del individuo. Sin embargo, dado que todos somos diferentes, no pueden coexistir igualdades múltiples en diferentes dimensiones de la vida –salud, trabajo, educación, bienestar, etcétera–. Si todos fuéramos iguales, la igualdad en una de las dimensiones de la vida se traduciría en igualdad en todas las restantes (López, 2006).
Ante la necesidad de priorizar cuál de las dimensiones de la vida debe prevalecer sobre la otra, aparece la equidad. Establecer, entonces, un criterio de equidad significa identificar la dimensión fundamental que sirva de horizonte en torno a la cual se estructuran las demás con base en una desigualdad legítima.[10]
A nivel internacional se han puesto en marcha diversas acciones para potenciar el uso de TIC con este enfoque. El caso de Brasil es uno de los más documentados. Este país tiene una política dirigida a utilizar software libre de forma preferente en todas las áreas del gobierno. Además, ha dado un gran impulso a la lucha contra la desigualdad digital. Para combatirla, ha promovido el acceso a la tecnología a toda su población con proyectos de inclusión digital como el uso de computadoras de 100 dólares y el montaje de 6 mil telecentros que funcionan con software libre con acceso a Internet, sobre todo en barrios conflictivos.
Experiencias similares se encuentran en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Venezuela y México, donde las iniciativas emprendidas están enfocadas a promover la adopción de TIC y a garantizar el derecho -constitucional en México-[11]
Todos estos elementos sobre los usos y beneficios del Internet de alta velocidad nos están diciendo que el futuro está hoy aquí. No es un mero cliché. Es una realidad que nos está avasallando como país, es un fractal que se transforma a gran velocidad. México ha dado pasos significativos para construir el futuro: las reformas estructurales y constitucionales[12]son, sin lugar a dudas, pasos importantes que es necesario fortalecer que otras intervenciones estatales que operacionalicen estos cambios estructurales y las propias políticas públicas que, de manera articulada, tienen el propósito de reducir la brecha digital.
Lograr el ejercicio pleno del derecho de acceso a la banda ancha requiere verse como un derecho habilitador de otros derechos fundamentales como, por ejemplo, el de una educación de calidad para todos, de acceso a servicios de salud de calidad, a la información gubernamental, a la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos, lo que colocará a México en el curso de superar un problema público aún más lacerante: la falta de igualdad y equidad.
El horizonte para actuar está determinado. Si continúa lo fragmentación de la cohesión social digital a falta de políticas públicas que resuelven o mitiguen esta situación social indeseable, se coloca a nuestro país en desventaja frente a la dinámica de inclusión digital que registran otras naciones para transformarse en una sociedad de la información, basada en conexiones de alta velocidad. Si el Estado no actúa para, en términos de Lechner, expresar la razón de la sociedad –atenuar este problema público– entraría en crisis.
Carlos Jonathan Molina Téllez @Jon316
Mauricio Reyes Corona @EHECATLRC
[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base d Internet Live Stats [en línea] http://www.Internetlivestats.com/
[2] http://www.Internetworldstats.com/stats.htm Consultado el 15 de septiembre de 2015.
[3] En Islandia y Noruega es prácticamente universal.
[4] El IDTC mide: i) el nivel y evolución cronológica del desarrollo de las TIC; ii) los progresos del desarrollo de las TIC en los países desarrollados y en desarrollo, y iii) la brecha digital.
[5] El NRI evalúa 10 variables agrupadas en cuatro subíndices: i) entorno, ii) preparación-TIC, iii) utilización-TIC y iv) impacto. Se evaluaron 144 países.
[6] En este índice la posición de México ha variado en los últimos años: 75 y 82 en 2010 y 2011 respectivamente; en contraste, países más dinámicos como Australia, Bangladesh, Omán y Zimbabwe ascendieron cuatro rangos entre 2011 y 2012.
[7] En el índice NRI México ocupó la posición 63 en 2013, la 76 en 2012 y la 78 en 2011.
[8] En países miembros de la OCDE la velocidad de descarga promedio con DSL es de 30 megabit por segundo (Mbps), mientras que en México es de 3; además, la velocidad media de la banda ancha fija es de 5.1 Mbps en tanto que en Chile, por ejemplo, es 14.8.
[9] CEPAL, Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), con base en información de encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadísticas. Año más reciente disponible.
[10] Equidad e igualdad van de la mano. Amartya Sen –premio Nóbel de Economía en 1998– ilustra la relación con un ejemplo bastante claro. Dos personas, una con capacidades especiales y la otra no, perciben el mismo ingreso por la prestación de sus servicios. Sin embargo, la forma en que esos ingresos se manifiestan en su calidad de vida es diferente dado que una requiere atenciones especiales. De esta forma, la igualdad en la dimensión de vida ingreso no se refleja en la misma proporción en ambas personas en otra dimensión: calidad de vida. Si se da prioridad a la igualdad en la calidad de vida, entonces, ambas personas deberán percibir ingresos diferentes –desigualdad en el ingreso–. Esta diferencia se realiza con base en un criterio de equidad, pues se identifica la dimensión fundamental respecto a la cual se define un horizonte. Así, la diferencia en los ingresos se traduce en desigualdad justa, en tanto aporta a un horizonte de equidad (López, 2006).
[11] El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su tercer párrafo: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet…”.
[12] El 11 de junio de 2013 se publicó la reforma en materia de telecomunicaciones. Dicha reforma establece un marco jurídico y regulatorio para el desarrollo de infraestructura, incentiva el crecimiento de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que operará Telecomunicaciones de México (TELECOMM), el despliegue de una red compartida mayorista de servicios móviles y promueve el acceso de banda ancha en sitios y espacios públicos. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.